El Ministerio de Consumo prohíbe el acceso de menores a las "cajas botín" de los videojuegos para evitar conductas adictivas

• El Ministerio liderado por Pablo Bustinduy incluye una prohibición a los mecanismos aleatorios de recompensa en videojuegos dentro del anteproyecto de ley aprobado este martes en Consejo de Ministros para la protección de menores en entornos digitales

Madrid, 4 de junio de 2024.- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera vuelta el anteproyecto de una ley orgánica para la protección de menores de edad en los entornos digitales. Esta nueva norma tiene como objetivo generar entornos seguros para niños, niñas y adolescentes, e incluye una importante aportación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para garantizar una mayor seguridad entre menores durante su acceso a los videojuegos. El Ministerio liderado por Pablo Bustinduy ha incluido en este anteproyecto de ley una prohibición expresa a que las niñas, niños y adolescentes accedan a los mecanismos aleatorios de recompensa en los videojuegos, las conocidas como "cajas botín" o "loot boxes". Una restricción que se impedirá también que estos mecanismos puedan ser activos entre menores.

De esta manera, el Ministerio de Consumo quiere incidir en los riesgos y en el impacto negativo que tienen estas "cajas botín" para las personas que juegan a videojuegos, especialmente las más jóvenes. Según señala la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), impulsora de esta medida, las cajas botín son mecanismos cuya naturaleza y diseño suponen, en muchas ocasiones, el primer contacto por parte de menores de edad con juegos de azar a cambio de dinero, y esto puede suponer una "normalización" de este tipo de productos. Esta problemática, se advierte desde la DGOJ, está cada vez más expandida y en edades cada vez más tempranas. En base a los estudios de prevalencia más recientes, casi un 24% de menores de entre 15 y 17 años adquirieron "cajas botín" en el último año. A este respecto, desde Consumo explican que estas cajas aparecen como un recurso aleatorio que las empresas de videojuegos usan para ofrecer un acceso exclusivo a ciertos contenidos a cambio de un pago. Por ejemplo, permiten desbloquear nuevos personajes en un juego, comprar aspectos inéditos de ese juego o adquirir cartas virtuales para jugar después.

Desde Consumo se hace hincapié también en los efectos lesivos de estas prácticas para la adicción entre menores, tal y como alertan los expertos, ya que funcionan con la lógica de las máquinas tragaperras. Por esta razón, se considera que deben regularse como un juego de azar. Sobre esta cuestión, la DGOJ manifiesta su apoyo al sector del videojuego como una industria estratégica y pide trabajar junto a las empresas del sector en una mayor protección a los jóvenes, "generando entornos de juego más seguros y evitando normalizar patrones de conducta que pueden derivar en situaciones de riesgo".

Las personas más jóvenes, indican desde Consumo, son las principales consumidoras de este tipo de productos y servicios que pueden llevar al surgimiento de "conductas de consumo irreflexivas, compulsivas y, en última instancia, patológicas". Así mismo, añaden, pueden ser causa de graves repercusiones económicas, patrimoniales y afectivas, tanto en las personas que las padecen como en su entorno personal, social y familiar. Por otra parte, la DGOJ se ha referido a la Proposición No de Ley (PNL) que fue aprobada la semana pasada en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados. Se trata de una PNL, que fue presentada por Sumar, para regular, precisamente, estas "cajas botín" que aparecen en los videojuegos, así como el acceso de los menores a estas cajas y a su publicidad.

Esta acción supone un paso más, se estima desde la DGOJ, junto al anteproyecto de ley aprobado hoy en primera vuelta por el Consejo de Ministros y cuyo texto ha sido impulsado, principalmente, por el Ministerio de Juventud e Infancia y en el que han colaborado los ministerios de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes; y el de Transformación Digital y Función Pública, y que el Gobierno quiere acompañar en Otoño con la aprobación de una estrategia nacional para aumentar la protección de la infancia y la juventud en estos entornos digitales.