El Gobierno aprueba un anteproyecto de ley para agilizar el procedimiento judicial frente a conductas empresariales ilícitas

• El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 es coproponente, junto al Ministerio de Justicia, del Anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y de Acciones Colectivas para la Protección de los Derechos e Intereses de los Consumidores y Usuarios

Madrid, 12 de marzo de 2024.- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un anteproyecto de ley del que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 es coproponente junto al Ministerio de Justicia. Se trata del anteproyecto de la Ley Orgánica de Medidas en Material de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y de Acciones Colectivas para la Protección de los Derechos e Intereses de los Consumidores y Usuarios.

Esta norma busca la agilización del procedimiento judicial a seguir para el ejercicio de acciones colectivas por parte de las asociaciones de consumidores frente a conductas empresariales ilícitas. El anteproyecto de Ley recoge medidas para eliminar barreras que han impedido que estas acciones, hasta la fecha, sean ejercidas de forma efectiva y masiva. Además, regulará la habilitación de asociaciones de consumidores para que puedan ejercer las acciones colectivas y la creación de una Base de datos de entidades habilitadas para que la ciudadanía pueda acceder a esta información a través de la página web del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

En lo que respecta a la agilización del procedimiento judicial, entre las medidas que recoge el anteproyecto de ley, se prioriza el juicio verbal y se regula un mecanismo procesal ágil y con garantías para el ejercicio por parte de las asociaciones de las acciones colectivas de cesación (solicitar que una empresa cese una infracción) y de resarcimiento (solicitar la reparación del daño generado a los consumidores).

Se ha optado por un proceso denominado opt-out, por el que, en la mayoría de los casos, las personas consumidoras afectadas quedarán adheridas por defecto a la acción iniciada por la asociación, aunque no sean conocedoras de la misma en un primer momento, si bien pueden desvincularse del proceso si lo desean. Se diferencia así del actual modelo opt-in, por el que las personas afectadas tenían que adherirse expresamente a la acción y que suponía una barrera para las asociaciones, que tenían que localizarlas una a una. Para cada acción, la asociación demandante tendrá que poner en marcha una Plataforma electrónica donde se transmitirá la información a las personas afectadas para que puedan expresar la voluntad de vincularse o desvincularse del proceso.

También es novedosa la regulación expresa de los acuerdos de resarcimiento, como alternativa para poner fin a la controversia, a los que pueden llegar las asociaciones con las empresas demandadas fuera del procedimiento y que pondrán fin al mismo.

Con este Anteproyecto de Ley se da cumplimiento al mandato de transposición de la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores.