Pablo Bustinduy pide una acción coordinada a las administraciones públicas para ofrecer una solución a los vecinos de la Cañada Real
Madrid, 31 de enero de 2024.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha reunido este miércoles con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para tratar, entre otros temas, la situación de desprotección en la que se encuentran las personas que viven en la Cañada Real Galiana, de Madrid.
Durante la reunión, se ha fijado como prioridad una acción coordinada para facilitar el acceso al suministro eléctrico en la Cañada Real, una situación que se mantiene desde el año 2020. "Es imprescindible la colaboración entre todas las administraciones públicas para adoptar medidas urgentes para que las viviendas situadas en la Cañada Real puedan acceder a un suministro eléctrico", ha declarado el ministro tras el encuentro.
Esta medida es considerada como una solución prioritaria para un problema de carácter humanitario que se ha agravado porque las administraciones con competencias en el asunto "han eludido su obligación de poner en marcha un plan adecuado a las necesidades reales", según palabras del ministro. Bustinduy ha subrayado, además, la reactivación del Grupo de Trabajo Interministerial creado en 2021 para así atajar la situación y poner en marcha planes coordinados que combinen soluciones de emergencia en el corto plazo, y medidas a medio plazo para acabar con esta situación "inadmisible".
En la reunión se ha abordado también la participación de España en el Examen Nacional Voluntario dentro del marco del Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Dicho examen, es considerado como prioritario dentro de las competencias del Estado en materia de la Agenda 2030, perteneciente al ministerio que dirige Bustinduy. El ministro quiere contar con la participación en el proceso del Defensor del Pueblo, de acuerdo a su autonomía y competencia, ya que "tiene una visión global y, a la vez, muy concreta de la aplicación de las políticas públicas y su impacto en la ciudadanía", ha declarado Bustinduy. La participación de instituciones nacionales de derechos humanos en estos ejercicios es considerada como buena práctica por la ONU y, según el ministro, "denotaría la importancia que damos a las dimensiones de derechos humanos en la Agenda 2030 y eb la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030".