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El Consejo de Ministros aprueba la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales para agilizar y simplificar el reparto del 0,7% del IRPF y Sociedades que dará estabilidad financiera al Tercer Sector

  • Se trata de un Real Decreto de mucha relevancia, ya que dotará de una gran estabilidad, tanto a la relación de la AGE con las CCAA, como a la de las administraciones públicas con las entidades del Tercer Sector de acción social de ámbito estatal.

  • Este nuevo modelo de gestión establece una única convocatoria anual de
    subvenciones que fusiona la recaudación de los fondos provenientes del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto de Sociedades.

  • La nueva regulación mejorará el impacto y eficacia de los fondos para lograr los fines perseguidos, al mismo tiempo que asegura una tramitación más ágil de su concesión.

28 de septiembre de 2021.- El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social.

Se trata de la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para distribuir los fondos procedentes de la recaudación del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, fruto del acuerdo al que se llegó el pasado 18 de junio en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y el pasado 1 de julio con la Plataforma del Tercer Sector.

Las nuevas bases reguladoras van a consolidar el modelo con dos tramos, acorde al reparto competencial entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas:

  • El estatal, que pasará de gestionar el 22,1% de los fondos en 2020, a un 20% en 2023.
  • El autonómico, que pasará progresivamente a gestionar el 80%.

El acuerdo se aplica desde este año a los fondos procedentes del IRPF, el Impuesto de Sociedades y los abintestatos. Esto supone una garantía para el mantenimiento de las subvenciones para proyectos estatales de interés social.

El RD aprobado es de una gran relevancia porque consolida un marco de estabilidad, tanto a la relación de la AGE con las CCAA, como a la de las administraciones públicas con las entidades del tercer sector de acción social de ámbito estatal.

Otra de las novedades es que habrá una única convocatoria anual de subvenciones en la que se canalizará la suma de los fondos provenientes del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto  de Sociedades que le corresponden a la AGE para la financiación de actividades consideradas de interés social.

En concreto, estos fondos se van a destinar a financiar proyectos que correspondan a las competencias de la AGE y que aporten un valor añadido diferente a los proyectos financiados a nivel autonómico, los cuales se encuentran más directamente vinculados a la prestación directa de servicios a las personas.

Las sucesivas convocatorias anuales de subvenciones establecerán la tipología específica de proyectos y los requisitos de las entidades que podrán concurrir a las mismas. No obstante, el acuerdo con la PTS incluye los siguientes tipos de proyectos:

  • Promoción    de    la     autonomía,    la     sostenibilidad     financiera    y     la internacionalización de las entidades.
  • Promoción de la I+D+i en el Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal.
  • Modernización y mejora del Tercer Sector.
  • Promoción y defensa de derechos.
  • Promoción de la igualdad de trato y combate de la discriminación.
  • Contribuciones a las estrategias nacionales de lucha contra la pobreza y otras estrategias sectoriales.
  • Programas plurirregionales cofinanciados por el FSE+ para la lucha contra la discriminación y la inclusión social de los grupos en situación de vulnerabilidad.
  • Programas de atención y apoyo a la población reclusa y ex reclusa y programas contra la trata de seres humanos, contra la violencia de género y otros delitos similares.

En definitiva, la nueva regulación de las convocatorias de subvenciones va a mejorar el impacto y eficacia de los fondos para lograr los fines perseguidos, al mismo tiempo que asegura una tramitación más ágil de su concesión.