Sistema arbitral en materia de discapacidad

Sistema arbitral

El Sistema arbitral en materia de discapacidad es el instrumento que las Administraciones públicas ponen a disposición de las personas con discapacidad para resolver de modo eficaz las quejas y reclamaciones que surgen en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. A través de él, las partes voluntariamente encomiendan a un órgano arbitral, que actúa con imparcialidad, independencia y confidencialidad, la decisión sobre la queja o reclamación surgida que, además de vinculante, tiene la misma eficacia que una sentencia.

Regulación básica

Rapidez: sistema no formalista con trámite en corto espacio de tiempo: máximo 4 meses desde el inicio del procedimiento arbitral. 

Eficacia:resolución por laudo –arbitral- de ejecución obligada, como una sentencia pero sin tener que recurrir a la vía judicial ordinaria y sin límites respecto a las cuantías reclamadas. 

Economía: gratuito para las partes que sólo deben costear, en determinados supuestos, la práctica de pruebas. 

La adhesión al Sistema para las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias, les facilita la participación directa en la solución de los problemas planteados en las reclamaciones que realizan. Para los sectores interesados, les garantiza poder acreditar su adhesión con un distintivo, figurar en el Registro de personas físicas y jurídicas adheridas al Sistema y su difusión a través de su publicidad. Y, de forma indirecta, la ciudadanía que conoce la adhesión de la empresa al Sistema tendrá una mejor imagen de la misma y aumentará su confianza en la calidad de sus productos.

 

Las personas con discapacidad y, las personas, físicas o jurídicas, de carácter privado que importen, produzcan, suministren o faciliten entornos, productos, bienes y servicios a las personas con discapacidad. El procedimiento siempre se inicia a instancia de la persona con discapacidad (puede presentar directamente la solicitud de arbitraje o hacerlo a través de las organizaciones representativas de dichas personas y de sus familias u otro representante).

Las personas, físicas o jurídicas, de carácter privado, las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias, así como las organizaciones de carácter económico sin ánimo de lucro, podrán efectuar oferta pública de sometimiento al sistema arbitral respecto de futuras controversias en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal por razón de discapacidad.

Ámbitos de las controversias objeto de arbitraje: 

  1. Telecomunicaciones y sociedad de la información
  2. Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación
  3. Transportes
  4. Bienes muebles e inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, comercializados directamente a las personas consumidoras como destinatarias finales, que las personas físicas o jurídicas, individuales o colectivas, profesionales o titulares de establecimientos públicos o privados, fijos o ambulantes, produzcan, faciliten, suministren o expidan, en régimen de derecho privado
  5. Relaciones con las Administraciones públicas en el ámbito del derecho privado

En cambio, no podrán ser objeto de arbitraje de discapacidad: 

  1. Controversias sobre las que exista resolución judicial firme y definitiva
  2. Cuestiones en las que según la legislación vigente deba intervenir el Ministerio fiscal
  3. Aquellas en las que concurran indicios razonables de delito
  4. Cuestiones que estén determinadas en contratos administrativos
  5. Aquellas en que las partes no tengan poder de disposición
  6. Arbitraje laboral

 

Juntas arbitrales: Órganos encargados de la administración del arbitraje. Existe una Junta Arbitral Central de ámbito estatal, adscrita al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales e Igualdad, y Juntas Arbitrales Territoriales, en cada Comunidad Autónoma y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Las Juntas están compuestas por una presidencia y una secretaria que recaen en personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

Funciones

    • Fomento del sistema arbitral de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, procurando la adhesión al Sistema arbitral, mediante la realización de ofertas públicas de sometimiento.
    • La elaboración y actualización del registro de personas físicas y jurídicas que hayan realizado las ofertas públicas de sometimiento al sistema arbitral en su ámbito territorial. El registro incluirá el ámbito de la oferta.
    • La elaboración y puesta a disposición de las personas interesadas y, de manera accesible, de los modelos de documentos en los que deberá efectuarse, respectivamente, la oferta pública de sometimiento al sistema arbitral y la formalización de dicho sometimiento.
    • La elaboración y mantenimiento actualizado de las listas de las personas encargadas de arbitrar acreditadas por las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias y por las organizaciones de carácter económico sin ánimo de lucro, en ambos casos con mayor implantación en el ámbito territorial de la junta arbitral.
    • La designación de las personas encargadas de arbitrar en cada procedimiento.
    • La gestión y administración de los procedimientos arbitrales.
    • La provisión de medios y acciones necesarios para el mejor ejercicio de las funciones por parte del colegio arbitral.
    • La gestión de un registro de laudos emitidos.

Órganos arbitrales: Conocen la controversia concreta y emiten el laudo. Una vez que la Junta Arbitral comprueba que la solicitud de arbitraje es admisible y que ambas partes aceptan que así se resuelva el conflicto, son las personas encargadas de arbitrar las que resolverán la reclamación, siempre oyendo a ambas partes e intentando, en su caso, que éstas lleguen a un acuerdo. Dichas personas gozan de reputación y honorabilidad a la vez que cuentan con formación adecuada para resolver los conflictos que se someten a su consideración y que actúan con independencia, imparcialidad y confidencialidad. 

La queja o reclamación será resuelta por un/a árbitro único/a (cuando la pretensión sea inferior a 3.000 €) o por un órgano arbitral integrado por 3 personas, cada una de los cuales será propuesta, respectivamente, por la Administración pública, las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias y, las organizaciones de carácter económico sin ánimo de lucro, en ambos casos, con mayor implantación en el ámbito territorial de la Junta Arbitral.  

Se inicia con la formalización de una Solicitud de arbitraje, que puede presentarse en la Junta Arbitral directamente o a través de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias. Se comprueba que esta reúne los requisitos exigidos legalmente y que la reclamación puede ser resuelta a través del Sistema Arbitral. 

Si la persona a la que se reclama está adherida al Sistema, la presidencia de la Junta acordará la iniciación del procedimiento arbitral. Si no lo está, se le traslada la solicitud para que en el plazo de 10 días manifieste si acepta resolver el conflicto a través de él. 

Si la persona a la que se reclama opta por rechazar la invitación al arbitraje o no contestar en el plazo concedido, se archivará la solicitud sin más trámites, dado el carácter voluntario del Sistema. Si hubiera contestación aceptando la invitación, la presidencia acordará el inicio del procedimiento. 

Las resoluciones de la presidencia de la Junta Arbitral, acordando el inicio del procedimiento arbitral, se notificarán a las partes sin que quepa recurso alguno contra las mismas.

Modelos: Solicitud de arbitraje Archivo doc.  Se abrirá en una ventana nueva.

Iniciado el procedimiento arbitral, la presidencia de la Junta designará un/a árbitro o un colegio arbitral para conocer el conflicto. Si la cuantía pretendida es inferior a 3.000 € se conocerá un/a árbitro, cuya designación será hecha por las Administraciones públicas entre el personal a su servicio incluido en la lista de personas acreditadas para arbitrar y que asumirá las facultades que en la normativa se asignan a la presidencia del colegio arbitral. 

En el resto de los casos, conocerá de los asuntos un colegio arbitral integrado por 3 personas acreditadas para arbitrar elegidas cada una de ellas entre las propuestas por: la Administración pública, las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias y, las organizaciones de carácter económico sin ánimo de lucro. Las personas acreditadas para arbitrar actuarán de forma colegiada, asumiendo la presidencia la propuesta por la Administración.

A lo largo del procedimiento las partesserán oídas dándoles traslado de todos los documentos, alegaciones o pruebas que se presenten, para lo que se les requerirá expresamente para una audiencia presencial o, en otro caso, se concederá un plazo, que no excederá de 15 días, a ambas partes para que formulen alegaciones.

El Colegio acordará las pruebasque estime pertinentes bien por propia iniciativa o la de las partes y si estas se acuerdan de oficio por el Colegio Arbitral, serán costeadas por la Administración de la que dependa la Junta Arbitral; si son propuestas por las partes, el pago será asumido por estas.

El procedimiento finaliza con un laudoque resuelve el conflicto y tiene eficacia de cosa juzgada. Si las partes llegaran a un acuerdo por sí mismas a lo largo del procedimiento, éste será recogido en un laudo llamado conciliatorio, con la misma eficacia que si de una sentencia judicial se tratase. Contra el laudo dictado por el Colegio Arbitral sólo cabe el Recurso de Anulación ante la Audiencia Provincial en un plazo de 2 meses desde la notificación a las partes interesadas y el Recurso de Revisión, conforme a lo establecido en la legislación procesal para las sentencias judiciales firmes.

 

La Junta Arbitral territorial en la que tenga su domicilio la persona que reclama será la competente. También resolverán las Juntas Arbitrales territoriales aquellas quejas y reclamaciones en las que no dándose esta circunstancia, la celebración, ejecución o cumplimiento del contrato o la actuación que haya dado lugar a la queja o reclamación, se haya realizado en su ámbito territorial, siempre que no se oponga expresamente una de las partes. 

Será competente la Junta Arbitral Central cuando las solicitudes presentadas se refieran a quejas y reclamaciones que afecten a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma o a materias de competencia estatal de ejecución.

La oferta pública de adhesión de sometimiento a este Sistemala pueden llevar a cabo las personas, físicas o jurídicas, de carácter privado que importen, produzcan, suministren o faciliten entornos, productos, bienes y servicios a las personas con discapacidad y las organizaciones representativas de ellas y sus familias, así como las organizaciones de carácter económico si ánimo de lucro. 

Requisitos de la comunicación a la Junta Arbitral: 

  1. Sometimiento expreso por escrito al Sistema arbitral
  2. Compromiso de cumplimiento del laudo arbitral
  3. Determinación del plazo de validez de la oferta (en su defecto se entenderá por tiempo indefinido)

La admisión de una oferta de este tipo da derecho a ostentar el Distintivo oficial de adhesión, incorporándose al Registro Central de ofertas públicas de sometimiento del Sistema Arbitral de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.

Si usted es una persona con una discapacidad y ve este distintivo en un establecimiento, empresa, en un entorno o en un soporte publicitario, se encuentra ante alguien que le asegura poder resolver los desacuerdos que puedan producirse con él a través del Sistema Arbitral.

Las personas, físicas o jurídicas que se adhieren a este Sistema obtienen una distinción que supone un símbolo de compromiso con las personas con discapacidad. Su exhibición en un lugar destacado mejora su imagen de seriedad y de compromiso con la sociedad en la que desarrolla su actividad. Esto redundará en una mayor confianza en la calidad de sus servicios.

Eldistintivo oficial supone una garantía para las personas usuarias, a la vez que un servicio adicional rápido y eficaz de resolución de posibles conflictos.

 

Documentos de Interés

RD 1/2013 de 29 de noviembre
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social